Noticias del español

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| Elizabeth Vásquez
El Telégrafo (Ecuador)
Domingo, 11 de mayo del 2008

LENGUAJE Y JUSTICIA

En un país en que ni la lógica homogenizante del derecho logra ocultar la diversidad cultural, la necesidad de volver comprensible el lenguaje jurídico para no violar derechos debería ser evidente.


Ya dimos el paso de reconocer que las personas de diversos pueblos y nacionalidades que coexisten en el Ecuador, tienen derecho a ser juzgadas en su lengua materna. Pero ese paso se queda corto cuando el metalenguaje del derecho resulta un idioma extranjero para casi cualquier persona, sin importar cuál sea su lengua materna.

A propósito de esta constatación, me acordé de las Mujeres de Frente; un colectivo de militantes feministas que, desde dentro y fuera de la Cárcel de El Inca, en Quito, organizan una resistencia permanente contra las tiranías de la realidad penitenciaria. Las «de afuera», han expuesto públicamente casos como el de una compañera «de adentro» a la que se le violentó así con el lenguaje: recibió un escrito que, en términos médico-legales, le achacaba una condición de peligrosidad por la que se le negaba la prelibertad inminente.

Las Mujeres de Frente han denunciando que encajar en la mano un documento que te humilla cuando sientes que ser afroecuatoriana, semianalfabeta, callejizada y trabajadora sexual desde los diez años son infortunios por los que no entiendes el idioma que te sentencia, es profundamente injusto.

Las escuelas de pensamiento jurídico alternativo, marginales en la formación de litigantes y juezas (ces) en el Ecuador, han denunciando por décadas que el uso del metalenguaje legal sólo es técnicamente imprescindible en específicos momentos de un proceso; en la mayoría es absolutamente innecesario y constituye simple clasismo jurídico.

Pero por jugarse en decisiones que limitan la vida y las oportunidades de las personas, este clasismo se vuelve una forma particularmente grave de discriminación que ha permanecido incuestionada en la institucionalidad de la justicia y que ataca sistemáticamente a quienes, por diversos factores culturales y socioeconómicos, no tienen los referentes lingüísticos «apropiados».

Más aún, bajo esas formas pomposas que el lenguaje cotidiano califica acertadamente como «leguleyadas», el metalenguaje legal suele encubrir enormes vacíos en el ejercicio más delicado que debería ocupar a la administración de justicia: la ponderación jurídica.

Entonces, al contrario de lo que podría parecer, simplificar el lenguaje no es una medida que empobrece, sino una que eleva la calidad de la administración de justicia. Sin pompas, y con la obligación de explicar sus fundamentos con claridad, a las y los jueces les queda ponderar de verdad: sopesar cuidadosamente, en cada decisión judicial, las consecuencias de aplicar normas abstractas a las circunstancias de un conflicto de personas concretas.

La Asamblea Constituyente discute en estas semanas la arquitectura de un sistema de justicia que potencie la autonomía y la capacidad procesal de las personas y colectivos, sobre todo, la de aquellos en histórica desventaja. Cuestionar el clasismo jurídico arraigado en el lenguaje de la justicia, podría ser un buen lugar para comenzar.

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