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| Xoán Salgado, defensor del lector
El Correo Gallego, España
Miércoles, 2 de agosto del 2006

ADMINISTRACIÓN, PRENSA Y LENGUAJE

Ahora que tan afanados andamos en la recuperación de viejas memorias que apenas hace nada y de forma consciente relegamos al sabio olvido del perdón, y que el revisionismo parece ser el renacido deporte de moda, desde la particular atalaya que supone el mundo de la prensa hay que felicitarse porque algunos —aunque pocos— de esos propósitos de enmienda se encaminen por la senda del sentido común. Que en tiempo y circunstancia como los que nos es dado vivir supone ya una categoría no despreciable.


Mucho más si, como ocurre, tales benignos propósitos se encuadran en la voluntad de acercar a la ciudadanía las normas y disposiciones legales que emanan de los organismos administrativos para que de forma «clara, precisa y sencilla» sean entendidas por los administrados, lejos del lenguaje «ampuloso y arcaizante tan habitual en este tipo de textos».

En esa línea hay que situar, y traer gozosamente a esta página, el acuerdo suscrito por el Gobierno de la Nación con la Real Academia Española de la Lengua (RAE), por el que ésta asesorará al Ejecutivo para conseguir un lenguaje más claro y preciso a la hora de redactar las distintas disposiciones normativas de los diferentes ministerios.

Porque, dijo la vicepresidenta del Gobierno, Fernández de la Vega, «una Administración que habla o escribe de manera ampulosa y barroca, prolija y arcaizante, o que responda de forma vaga o incomprensible, no está sirviendo a los ciudadanos», y abogó el director de la RAE, García de la Concha, por que «los ciudadanos puedan entender de manera clara los textos que vigilan su vida».

Lo categórico de las afirmaciones de la vicepresidenta no admite, desde la claridad de lo expuesto, más interpretación que la del justo beneplácito de parte de gentes que, como los periodistas, llevan años clamando inútilmente en el desierto del olvido que la razón se imponga a la retórica y la sencillez de la expresión a los tradicionales recovecos con que nos sorprende casi siempre el lenguaje administrativo.

Si, como se tiene recordado a propósito del que rige en Estados Unidos, no es la abundancia de artículos el determinante de la oportunidad de un texto constitucional, del mismo modo que también se rechaza el barroquismo retórico en las comunicaciones de la Administración en tanto en cuanto parecen recrearse en un lenguaje oscurantista, no cabe menos que felicitarse por el acuerdo suscrito entre Gobierno y Academia. Y ello, por más que, ya desde la anécdota, el particular negro amanuense de la vicepresidenta no quisiera dejar escapar la ocasión de su pequeño y particular brindis al sol. Que la ocasión la pintaban calva.

Como reconocimiento de parte, nada hay que objetar al diagnóstico que la vicepresidenta hizo del lenguaje utilizado por la Administración en decretos y leyes en los que, dijo, «abundan las perífrasis, gerundios, reiteraciones y las expresiones rimbombantes» en un lenguaje administrativo «arcaizante, de sintaxis atormentada e innecesariamente complejo, que está lleno de extranjerismos, de tecnicismos y que, como consecuencia de todo ello, lo que hace es empobrecer la calidad de la forma democrática del Gobierno».

Entre las muchas luchas del oficio periodístico no es pequeña la que se afana en el avistamiento de molinos por entre los disimulados gigantes de la ampulosidad lingüística con que conscientemente la Administración tiende su manto de penumbra interpretativa a la hora de acercarse al ciudadano. Y ello, desde el tan falso como extendido complejo de que lo ininteligible deviene en autoridad o que el manierismo lingüístico representa criterio de sabiduría. Cuando no, más sencillamente, desde el deliberado propósito de que la ambigüedad e indeterminación de lo comunicado dejen futuros subterfugios a la reinterpretación gubernativa.

«Buen hablar para un mejor gobernar»

No es fácil saber en qué primigenio y vigoroso manantial alimenta la RAE la vitalidad de sus tres prósperos siglos de buen hacer profesional; si en la insobornable prevalencia del rigor académico, si en la independencia respecto de los poderes públicos o si en la capacidad de entendimiento con las otras realidades lingüísticas hispanas, hasta el punto de propiciar el reciente consenso que posibilitó el acuerdo para el Diccionario panhispánico de dudas.

Sea como fuere, es bueno defender y vigorizar el uso adecuado del lenguaje, ahora que tan fácil es comprobar su permanente e interesada deturpación en favor de conveniencias políticas. Porque, aunque en boca de la vicepresidenta suene a titular buscado, algunos sí creemos que «si mejoramos la forma en que escribimos, mejoraremos la forma en qué gobernarnos».

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