La Comisión, que integrarán ocho expertos, deberá entregar en el plazo de doce meses al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, un informe que analice la situación actual del lenguaje jurídico y siente las bases para que el carácter técnico y específico de éste no esté reñido con su transmisión de forma clara y accesible al ciudadano.

El informe permitirá identificar, entre otras cuestiones, los problemas lingüísticos básicos que las comunicaciones escritas, las vistas y comparecencias ocasionan a los usuarios de la Justicia y también a los profesionales del Derecho.

La comisión estará presidida por el secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo; y tendrá como vicepresidente al director de la Real Academia Española (RAE), Víctor García de la Concha.

Además, tres de sus vocales son profesionales del Derecho, como la portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo; el presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer; y el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Jesús María García Calderón.

El resto de los miembros de la Comisión son el miembro de la RAE Salvador Gutiérrez; la profesora de Filosofía del Derecho Mercedes Bengoechea; el presidente de la Agencia Efe, Álex Grijelmo; la periodista de El Mundo María Peral y la de El País Gabriela Cañas.

El grupo de expertos, que desempeñarán sus funciones de forma gratuita, se reunirán al menos una vez al mes hasta que hayan elaborado el informe.