Noticias del español

| | | |

| Manuel González López
laregion.es, España
Miércoles, 2 de abril del 2008

LENGUAJE: PREÁMBULO DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL

Desde luego, con la venia de los señores lingüistas y eruditos —y, por consiguiente, en humilde tono menor—, quisiéramos hilvanar unos renglones sobre las frases hechas, muletillas y palabrejas que se habían colado en nuestro diario conversar.


Hace bastantes años se puso de moda en nuestro país hablar de ’la problemática’. Naturalmente, todas las cuestiones humanas tienen sus problemas. Y mejor sería hablar de los problemas que plantea este o estotro asunto y olvidar esa pedantesca palabreja ’la problemática’. Es que, además, la problemática nunca camina sola, pues siempre se usa en el contexto de algo. Las cosas —se nos dice— tenemos que verlas y valorarlas en su contexto. Y ¿quién no lo hace así? ¿Quién puede mirar solamente a los ojos sin reparar en el rostro en que se insertan? ¿Quién puede juzgar del todo viendo sólo una parte? Otra frase que se emplea sin ton ni son es esa de ’los parámetros’. Pero ¿saben de verdad lo que es un parámetro los que usan y abusan del vocablo? Vamos a decir, una vez más, lo que es un parámetro: Término técnico de origen matemático que ha penetrado con bastante fuerza en la lengua común y también en el lenguaje administrativo y judicial, con pretensiones de carácter tecnicista.

Se pueden utilizar como equivalentes: puntos de vista, perspectivas, coordenadas, etcétera; cuestión ciertamente ardua en la medida en que no existen parámetros ni criterios objetivos que puedan servir de fundamento a la interpretación. Su uso habitual puede resultar afectación.

Hace ya varios años tuvo una importante iniciativa el Ministerio para las Administraciones Públicas, sobre lenguaje y estilo. Se redactó, al efecto, un manual de estilo del lenguaje administrativo que al usarlo puso por primera vez las cosas que abarca en su sitio. Es una pena que el volumen no se haya actualizado todavía por quien corresponda. La estrategia de implantación de las recomendaciones que se contienen en el libro se hizo mediante la constitución de equipos de trabajo en los servicios centrales y periféricos de diferentes centros directivos ministeriales, cuya actuación se llevó a cabo con bastante éxito, en estrecha relación con los ciudadanos, como debe ser. Desde el principio, el Manual se ha venido aplicando pausadamente a los documentos que se producen en las distintas unidades y al proceso de comunicación en general. Fue un excelente avance en la materia.

Se escribe, por ejemplo, sobre ’meritado’. Y lo aclara. El término, forma derivada de meritar, en el sentido de ’hacer méritos’, debe evitarse. No es equivalente a mencionado, citado, expresado, como erróneamente se usa en los ejemplos siguientes: «Teniendo en cuenta que el artículo… de la mencionada Ley Orgánica se dispone…», «…los límites señalados en la meritada Ley…», «…sancionándole… por la aplicación del artículo … del meritado Código…».

No obstante lo que antecede, se produjo hace tiempo una extraña noticia: parece que el idioma jurídico, tan amojamado y mustio hasta ahora, va a recibir, por fin, un enérgico tratamiento rejuvenecedor para hacerlo más claro y elegante. Así lo declara en la exposición de motivos la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000, donde dice: «En otro orden de cosas, la Ley procura utilizar un lenguaje que, ajustándose a las exigencias ineludibles de la técnica jurídica, resulte más asequible para cualquier ciudadano». Para ello, sigue, va «a mantener diversidades expresivas para las mismas realidades». Y ejemplifica ese recién nacido desparpajo anunciando que se dispone a utilizar como sinónimas las palabras juicio y proceso, y que va a usar indistintamente pretensión y pretensiones, y acción y acciones. Sólo menciona estas audacias, pero hay más, muchas más.

Así en el párrafo citado, que comienza con el tópico periodístico, sonrojante en una Ley, En otro orden de cosas, utiliza asequibles por accesibles, solemnizando con ello tan disparatada sinonimia.

Ahí va un ejemplo de la claridad que de sí mismo proclama este aborto de nuestras prestigiosas Cortes: «Esta realidad, mencionada mediante la referencia a los consumidores y usuarios, recibe en esta Ley una respuesta tributaria e instrumental de lo que disponen y puedan disponer en el futuro las normas sustantivas acerca del punto, controvertido y difícil, de la concreta tutela que, a través de las aludidas entidades, se quiera otorgar a los derechos e intereses de los consumidores y usuarios en cuanto colectividades». País.

¡Hola!

¿Has buscado tu consulta?

Si no la encuentras, rellena nuestro formulario: