Los residentes extranjeros y los sefardíes originarios de España son los principales afectados de las dos nuevas leyes relacionadas con la obtención de la nacionalidad española que entrarán en vigor en octubre. El Instituto Cervantes es el encargado de establecer el diseño y la administración de las dos pruebas que se exigirán, en ambos casos, para que los aspirantes acrediten su especial vinculación con España.

La primera de las pruebas, la de conocimiento de la lengua española, exigirá a los aspirantes la obtención del DELE, al menos en el nivel A2. De ahí el previsto aumento de las matrículas para el diploma oficial de español que otorga la institución en nombre del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y que tiene validez indefinida y reconocimiento internacional.

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