El ministro Cristóbal Montoro dijo el 2 de septiembre sobre Jordi Pujol: «Actuaremos en sede administrativa y en sede judicial».
Algunas instituciones se nombran con palabras sencillas: «el Parlamento», «el Gobierno», «la policía»… Otras escogieron fórmulas más rimbombantes: Consejo General del Poder Judicial, Comisión Nacional del Mercado de Valores, Consejo de Política Fiscal y Financiera, Sociedad Estatal de Participaciones Industriales…
Aquéllas debieron de sentir alguna envidia de estas últimas, y quizás por ello sus miembros sustituyen a menudo tales denominaciones por formas que les parecen más elegantes.
El «Gobierno» a secas (que en ausencia de mayor precisión identificamos por antonomasia con el Gobierno central) se llama en su propia publicidad «Gobierno de España», cuando no «el Gobierno de la nación». En otras ocasiones, se deja de decir que alguien ha sido detenido por «la policía» para referir que se hicieron cargo de él «los cuerpos y fuerzas de la seguridad del Estado». Y de ese mismo modo, no se reclama que un alto cargo comparezca en el Parlamento, sino que dé explicaciones «en sede parlamentaria». Y cualquier acusación parece adquirir mayor importancia en caso de que haya sido dicha «en sede judicial», y no en un simple juzgado.
Cabe preguntarse entonces si, con precedentes de tal categoría, no habrán de disputarse las grandes competiciones «en sede deportiva», mejor que en un estadio; y si no habríamos de escribir que «el jugador insultó al árbitro en sede futbolística» porque eso alcanza sin duda mayor gravedad que si los hechos hubieran ocurrido «en sede callejera» o «en sede agrícola».
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