El programa parte de la distinción entre el derecho a entender, que garantiza el acceso lingüístico a la información, y el derecho a comprender, que constituye una fase posterior y más avanzada. Este último asegura que el ciudadano no solo es capaz de descodificar un texto, sino que asimila la lógica, la motivación y las consecuencias de las decisiones que le afectan.

El curso se articula en torno a varios objetivos: impulsar el lenguaje claro como estándar de seguridad jurídica preventiva; reducir la vulnerabilidad jurídica de contratos y documentos técnicos mediante una redacción comprensible; transformar la comunicación compleja en un elemento de confianza institucional; integrar claridad, cumplimiento normativo y criterios ambientales, sociales y de gobernanza, y optimizar la relación con el cliente, reduciendo litigiosidad y costes derivados de interpretaciones erróneas.

Este programa aborda, además, los desafíos emergentes del derecho en la era digital, como el impacto de la inteligencia artificial en la comunicación jurídica, y combina clases magistrales impartidas por expertos con talleres prácticos de redacción en los que los participantes trabajan sobre documentos reales para transformarlos en textos claros, eficaces y jurídicamente sólidos.

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