Si todos los productos ofrecen garantía de funcionamiento y la posibilidad de devolución en caso de falla, si cada vez más empresas se encuadran en las normas ISO de calidad, ¿por qué no esperar que algún día suceda lo mismo con el idioma, que al fin de cuentas —como el agua, la luz y las cloacas— es un servicio público esencial?
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