Noticias del español

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Luis Felipe Ragel

www.diariodesevilla.es

Martes, 8 de noviembre del 2011

EL ‘EUROÑOL’


LAS quejas formuladas ante el Servicio de atención al ciudadano del Consejo General del Poder Judicial vienen indicando que el lenguaje jurídico es críptico y oscuro. Los españoles consideran que las leyes y los documentos jurídicos adoptan unas expresiones excesivamente técnicas, muy difíciles de entender para el ciudadano que carece de profundos conocimientos legales.


La Carta de Derechos del Ciudadano ante la Justicia, aprobada por el pleno del Congreso de los Diputados el 16 de abril de 2002, se refería a la sencillez y comprensión que debían adoptar los escritos judiciales. En esa misma línea, el Consejo de Ministros creó el 30 de diciembre de 2009 la Comisión para la modernización del lenguaje jurídico, que tenía la finalidad de elaborar un informe de recomendaciones sobre el lenguaje empleado por los profesionales del Derecho con la finalidad de hacerlo más claro y comprensible para los ciudadanos. El Consejo de Ministros aprobó el 23 de septiembre pasado el informe de la citada Comisión, en el que se ponía de manifiesto que la oscuridad y difícil comprensión del lenguaje se pone de relieve también en los textos legislativos. En mi caso, cuando ya era profesor titular universitario, tuve muchas dificultades para familiarizarme con los términos utilizados en el Derecho urbanístico.

 

Llevando el asunto a la materia que estudio por obligación y vocación, nuestro Código Civil, que es de 1889, necesita una profunda revisión, sobre todo en materia de Derecho patrimonial y sucesorio, lo que supondría también una modernización del lenguaje jurídico utilizado. Por cierto, es curioso advertir que este texto emplea las letras mayúsculas para aludir a profesionales o cargos relevantes (jueces, notarios, registradores, alcaldes, Ministerio Fiscal, abogados, etc.) pero utiliza las minúsculas para referirse a los criados, menestrales y artesanos.

 

Prueba de esta acuciante necesidad es que se están realizando trabajos en la Comisión General de Codificación para la modernización del Derecho de obligaciones. Pero, por desgracia, desde el punto de vista del lenguaje jurídico, los anteproyectos que van saliendo a la luz no se encaminan en la dirección de la sencillez y comprensión, sino que se dirigen por el políticamente correcto sendero de lo que vengo llamando el euroñol.

 

Hay que advertir al lector que la palabra euroñol me la inventé el 25 de noviembre de 2010 cuando pronunciaba una conferencia sobre la doble venta en la Universidad Complutense. Con ese término hacía referencia al lenguaje que se utiliza en las leyes españolas cuando se importan expresiones utilizadas por las directivas de la Unión Europea, que tienen el sano propósito de uniformar las leyes de los países miembros dictando unas líneas básicas que deben respetar todos los estados. Lo malo es que en las leyes españolas que desarrollan las directivas se acogen términos y expresiones que están arraigadas en Estados Unidos o Alemania, pero no aquí.

 

Ya se sabe que los españoles somos muy proclives a importar figuras extranjeras, lo que se debe a una rara mezcla de esnobismo y complejo de inferioridad. El euroñol es el resultado de introducir en nuestras expresiones jurídicas las denominaciones utilizadas en otros países, que muchos creen que son superiores, no sólo en lo económico, sino también en el ámbito creativo e intelectual.

 

Pondremos un ejemplo. En nuestro Código Civil se define así a la compraventa: "Por el contrato de compra y venta uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella un precio cierto, en dinero o signo que lo represente". La expresión es clara y sencilla: compraventa es el intercambio de cosa por dinero. Otra cosa es que sea exacta, que no lo es, porque también en el arrendamiento se paga dinero por poseer una cosa ajena. Veamos ahora la definición propuesta por la Comisión General de Codificación, compuesta en gran parte por colegas míos: "Por el contrato de compraventa el vendedor se obliga a entregar una cosa que sea conforme con el contrato y esté libre de derechos de tercero que no hayan sido contemplados en él, y el comprador a pagar un precio en dinero y a recibirla en las condiciones estipuladas". Es una redacción en euroñol, mucho más confusa que la del Código Civil y tampoco la supera en exactitud, porque sigue sin deslindar claramente la compraventa del arrendamiento.

 

Escribía mi admirado Robert L. Stevenson: "Cuando tengáis algo que decir, decidlo lo más claramente que podáis. Este es el único secreto del estilo". La claridad y sencillez son síntomas de dominio de idioma, no de superficialidad.

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